Portrait Elisabeth Käsemann


En los años setenta, muchas de las víctimas de las dictaduras latinoamericanas tenían doble nacionalidad por el derecho que otorga la ley de la descendencia. Esto explica por qué el procesamiento jurídico de las dictaduras recibió desde finales de los años noventa un decidido apoyo por parte de gobiernos extranjeros. Varios países como Alemania, Italia, Francia, Suecia y España emitieron órdenes internacionales de detención y solicitaron la extradición de aquellos que estaban involucrados en delitos contra la vida de sus ciudadanos. Argentina fue el primer país latinoamericano que decidió realizar una revisión jurídica de su pasado reciente. Actualmente, los gobiernos y tribunales latinoamericanos continúan con el compromiso de juzgar los crímenes de lesa humanidad cometidos en sus propios países yinculados a las dictaduras que tuvieron lugar en la segunda mitad del siglo XX.

 

La violación de los derechos humanos no puede entenderse actualmente como un hecho limitado a la incumbencia de una Justicia nacional. Desde finales de los años 90 con la instauración de la Corte Penal Internacional actualmente en La Haya, los procesos de enjuiciamiento por crímenes de lesa humanidad tomaron estatuto jurídico internacional. Una Justicia cuya incumbencia supere las fronteras nacionales constituye el primer paso para sancionar a nivel mundial los delitos contra los derechos humanos. El segundo paso sería lograr la elaboración de la memoria histórica sobre el conjunto de los delitos cometidos y los padecimientos sufridos a través de una amplia colaboración a nivel transnacional, como camino para promover la conciencia democrática y para proteger los derechos humanos en presente y futuro. En este sentido los intercambios entre las organizaciones latinoamericanas de Derechos Humanos y organizaciones similares de otras regiones del mundo enriquecen los procesos de una cultura de la memoria dentro del contexto internacional.